Aprobada la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación en su último trámite parlamentario

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La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación ha salvado hoy en el Congreso su último trámite parlamentario y ha rechazado definitivamente establecer nuevos límites para la contratación indefinida de investigadores cuando sus contratos estén asociados de forma directa a fondos europeos.

El pleno del Congreso ha rechazado hoy la única enmienda a la ley que se había incorporado durante su paso por el Senado; una enmienda del PP – respaldada por Vox, ERC, PNV y Junts en la cámara alta – que permitía extender la temporalidad a todos los contratos vinculados a proyectos financiados con cualquier fondo europeo.

Un acuerdo «in extremis» entre el Gobierno y ERC ha propiciado hoy que los republicanos vuelvan a cambiar el sentido de su voto e impedido así que prosperara esa enmienda.

Así, la Ley de la Ciencia establece definitivamente que la contratación temporal de investigadores solo se podrá aplicar cuando los contratos estén relacionados de una forma «estricta» con la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE y exclusivamente por el tiempo necesario para la ejecución de los proyectos.

El acuerdo que han sellado el Gobierno y ERC compromete al Ministerio de Ciencia a aumentar los costes indirectos desde el actual 21 hasta el 25 por ciento en las convocatorias de proyectos de investigación que gestionan la Agencia Estatal de Investigación y el Instituto de Salud Carlos III, lo que permitirá a los centros de investigación y a las universidades hacer frente al aumento de costes de funcionamiento.

Tras la votación, y en declaraciones a los periodistas, la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha mostrado su alegría y ha calificado de «hecho histórico» la aprobación definitiva de una ley que otorga «más derechos y garantías» a la comunidad científica.

«Un paso adelante para ser un buen país para la ciencia».

Morant, quien se ha implicado personalmente en las negociaciones que se han sucedido durante los últimos días hasta alcanzar el acuerdo con ERC, ha valorado la aprobación de la ley como «un paso adelante para ser un buen país para la ciencia».

Los portavoces de todos los grupos que han intervenido para rechazar la enmienda del Senado (PSOE, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, BNG, Compromís o Coalición Canaria) han advertido de que ese cambio hubiera propiciado que en un mismo centro convivieran dos tipos de contrataciones (indefinidas y temporales) según el origen de los fondos.

El diputado de ERC Joan Margall ha justificado el cambio en el sentido del voto de su grupo, y ha criticado la «falsa dicotomía» que dibujó el PP en el Senado, cuando planteó, según el portavoz republicano, que había que elegir entre la sostenibilidad y el futuro de los centros de investigación y la ampliación de los derechos laborales para los investigadores.

Muy críticos con el acuerdo han sido los portavoces de Junts per Catalunya, Mariona Illamola; de Vox, Julio Utrilla; y del PP, Pedro Navarro, quien ha recordado que la enmienda introducida en el Senado – para eliminar una disposición que limitaba la contratación temporal exclusivamente a los proyectos sufragados con el Fondo de Resiliencia de la UE – era una demanda unánime de todas las universidades públicas españolas y de los centros y unidades de excelencia.

Los rectores de las universidades españolas y la Alianza de centros y unidades de excelencia «Severo Ochoa» y «María de Maeztu» (SOMMa) habían alertado de que la contratación indefinida de todos los investigadores ligados a proyectos sufragados con fondos europeos podría poner en riesgo la propia supervivencia de muchos centros de investigación.

Los directores de muchos de esos centros de excelencia (entre ellos los del Centro de Regulación Genómica y el del Instituto de Bioingeniería de Cataluña) han publicado una carta abierta esta semana en contra de la contratación indefinida vinculada a todos los proyectos europeos.

«Un lastre financiero»

En esa carta, advierten de que las indemnizaciones por despido cuando esos proyectos acaban no pueden ser sufragados con fondos europeos y pueden por lo tanto llegar a ser «un lastre financiero» para los centros; que se van a registrar muchos litigios que deberán ser resueltos en los tribunales; y que los «falsos contratos indefinidos» van a generar mucha frustración entre los investigadores.

Varias asociaciones de investigación y sindicatos (como la Coordinadora Marea Roja de la Investigación; la Federación de Jóvenes Investigadoras – Precarias; o CCOO) han insistido sin embargo en que el sector de investigación no debía seguir siendo «la excepción» laboral cuando el Gobierno está apostando por la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo.

Equipos de investigación más potentes

Han defendido además que esa estabilidad laboral permite consolidar equipos de investigación «más potentes», hacer más atractiva la carrera científica y mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores de un sector (investigadores, técnicos y personal de gestión) que ha estado -mantienen- tradicionalmente muy «precarizado» por la sucesión de contratos por obra y servicios.

La nueva ley persigue, además, disminuir la carga burocrática y garantiza por primera vez una financiación pública «estable y creciente» para converger con la media europea y fija, en ese sentido, el objetivo de aumentar regularmente el gasto público hasta alcanzar el 1,25% del PIB en 2030.

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