Un juzgado investiga al exalcalde de Pineda de Mar (Barcelona), a un exconcejal y a una funcionaria municipal por presunta prevaricación y tráfico de influencias

Los hechos se remontan a 2019, cuando los querellantes denunciaron la existencia de construcciones ilegales en una propiedad colindante a la suya.

Un juzgado de Arenys de Mar ha admitido a trámite una querella contra el exalcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, el exconcejal Jordi Masnou y la jefa de Territorio del Ayuntamiento, Assumpció Massaguer, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La denuncia, presentada por unos vecinos de la localidad, señala que los acusados permitieron la construcción de una vivienda ilegal y la realización de diversas obras sin licencia en una finca de Pineda de Mar, presuntamente favoreciendo a amigos personales del exalcalde.

Los hechos se remontan a 2019, cuando los querellantes denunciaron la existencia de construcciones ilegales en una propiedad colindante a la suya. Según la querella, el Ayuntamiento era plenamente consciente de que las obras incumplían la normativa urbanística, pero no tomó medidas para restituir la legalidad y dejó caducar los procedimientos administrativos. Los denunciantes sostienen que el retraso deliberado de las actuaciones municipales permitió que las construcciones quedaran consolidadas, en lo que consideran un claro caso de trato de favor.

Además, en la querella también se menciona la implicación del exconcejal Jordi Masnou, quien, además de formar parte del gobierno municipal durante los hechos, actuó como abogado de los infractores en un recurso administrativo contra el propio Ayuntamiento. Este hecho, según los querellantes, supone un evidente conflicto de intereses y podría agravar la situación judicial de los acusados.

Estos vecinos también han denunciado también la falta de transparencia del Ayuntamiento ante organismos como el Síndic de Greuges y la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública. Según los denunciantes, el consistorio no ha impuesto sanciones ni ha iniciado procedimientos contra los responsables de las obras ilegales, a pesar de las múltiples irregularidades detectadas.

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